DIARIO.COM
Empresas maquiladoras y todas aquellas que tengan una base de datos con los datos de sus empleados, clientes o proveedores, deberán cumplir con nuevas normas que buscan evitar que la información sea vendida o ventilada sin consentimiento de su propietario.
Miguel Ángel Díaz Marín, vocero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, indicó que el pasado 15 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección de Datos Personales, que plantea nuevas obligaciones para todas las empresas que manejan este tipo de datos.
“Todas las empresas de la ciudad que manejen bases de datos de trabajadores, de proveedores y de clientes, están obligados a emitir un aviso de privacidad donde se comprometen a proteger los datos y la información que tienen”, dijo el especialista.
Díaz Marín indicó que las empresas tendrán que implementar sistemas que protejan esas bases de datos en sus equipos de cómputo para que ni los empleados puedan tener acceso a esta información para su uso particular.
“Se está dando un plazo de un año para que todas las empresas emitan este tipo de avisos y protejan sus bases de datos”, apuntó el especialista.
Señaló que los trabajadores y clientes tienen derecho a verificar que sus datos sean correctos y que sean confidenciales.
Explicó que la nueva ley establece sanciones económicas y penales para quien incumpla con estas disposiciones y ponga en riesgo la información de sus bases de datos.
El especialista explicó que el Gobierno Federal busca con estas nuevas reglas evitar que las empresas o sus empleados vendan bases de datos que contengan información particular de sus clientes y trabajadores.
Agregó que es muy común que un usuario de telefonía o de un banco, por ejemplo, reciba llamadas de una compañía para invitarlo a cambiarse de banco o de telefónica.
“Eso es obviamente porque alguien sacó la base de datos de la telefónica o del banco y se lo proporcionó a la competencia”, dijo Díaz Marín.
Señaló que el más afectado por este tipo de problemas es el cliente, porque es el que recibe las llamadas que le causan molestia, en el menor de los perjuicios.
El especialista añadió que también puede darse que las bases de datos de los clientes o de los empelados de las empresas pueden caer en manos de delincuentes que aprovechan la información sobre salarios, nombres y domicilios que contienen las bases de datos para atacar a las personas.
Comentó que hasta ahora la ley no tiene todavía un reglamento, pero que las empresas ya deben irse adecuando a ciertas reglas que marca el decreto.
“La ley establece la creación de un instituto para que vigile, y también candados para las empresas que manejan bases de datos…los titulares, los clientes, los proveedores o los clientes, pueden denunciar, y pedir sanciones contra las empresas que hayan hecho mal uso de estas bases de datos”, dijo.
Agregó que ha sucedido que empleados bancarios coludidos o amenazados han proporcionado este tipo de información a secuestradores y extorsionadores.
Indicó que es un esfuerzo que vale la pena desde el punto de vista de los usuarios, aunque implica un costo administrativo para las empresas de hacer una carta por cada cliente, proveedor o empleado, así como imprimirla y entregarla, además de la implementación de los sistemas de protección de las bases de datos.
Por otro lado, dijo que es preocupante que se sobre regule a las empresas sobre todo ahora que se complica la situación de la economía.
Miguel Ángel Díaz Marín, vocero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, indicó que el pasado 15 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección de Datos Personales, que plantea nuevas obligaciones para todas las empresas que manejan este tipo de datos.
“Todas las empresas de la ciudad que manejen bases de datos de trabajadores, de proveedores y de clientes, están obligados a emitir un aviso de privacidad donde se comprometen a proteger los datos y la información que tienen”, dijo el especialista.
Díaz Marín indicó que las empresas tendrán que implementar sistemas que protejan esas bases de datos en sus equipos de cómputo para que ni los empleados puedan tener acceso a esta información para su uso particular.
“Se está dando un plazo de un año para que todas las empresas emitan este tipo de avisos y protejan sus bases de datos”, apuntó el especialista.
Señaló que los trabajadores y clientes tienen derecho a verificar que sus datos sean correctos y que sean confidenciales.
Explicó que la nueva ley establece sanciones económicas y penales para quien incumpla con estas disposiciones y ponga en riesgo la información de sus bases de datos.
El especialista explicó que el Gobierno Federal busca con estas nuevas reglas evitar que las empresas o sus empleados vendan bases de datos que contengan información particular de sus clientes y trabajadores.
Agregó que es muy común que un usuario de telefonía o de un banco, por ejemplo, reciba llamadas de una compañía para invitarlo a cambiarse de banco o de telefónica.
“Eso es obviamente porque alguien sacó la base de datos de la telefónica o del banco y se lo proporcionó a la competencia”, dijo Díaz Marín.
Señaló que el más afectado por este tipo de problemas es el cliente, porque es el que recibe las llamadas que le causan molestia, en el menor de los perjuicios.
El especialista añadió que también puede darse que las bases de datos de los clientes o de los empelados de las empresas pueden caer en manos de delincuentes que aprovechan la información sobre salarios, nombres y domicilios que contienen las bases de datos para atacar a las personas.
Comentó que hasta ahora la ley no tiene todavía un reglamento, pero que las empresas ya deben irse adecuando a ciertas reglas que marca el decreto.
“La ley establece la creación de un instituto para que vigile, y también candados para las empresas que manejan bases de datos…los titulares, los clientes, los proveedores o los clientes, pueden denunciar, y pedir sanciones contra las empresas que hayan hecho mal uso de estas bases de datos”, dijo.
Agregó que ha sucedido que empleados bancarios coludidos o amenazados han proporcionado este tipo de información a secuestradores y extorsionadores.
Indicó que es un esfuerzo que vale la pena desde el punto de vista de los usuarios, aunque implica un costo administrativo para las empresas de hacer una carta por cada cliente, proveedor o empleado, así como imprimirla y entregarla, además de la implementación de los sistemas de protección de las bases de datos.
Por otro lado, dijo que es preocupante que se sobre regule a las empresas sobre todo ahora que se complica la situación de la economía.
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