EL HERALDO
Ciudad de México.- El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal, señaló que el campo mexicano vive una situación dramática y requiere inversión y certeza jurídica, porque el rezago es grande en la materia.
Se necesita abatir la corrupción y la impunidad porque con el actual sistema jurídico es muy fácil desaparecer un expediente, dijo, y se manifestó a favor de los juicios en línea para hacer más transparente y expedita la ley y la propiedad.
Los juicios orales tienen que tomar mayor auge porque los tiempos rebasan al actual sistema judicial.
Es dramático el problema de corrupción y en algunos casos los juicios alcanzan hasta 20 años.
Somos la onceava economía mundial, con un potencial de mercado de 112 millones de habitantes y el ingreso per cápita en el campo alcanza sólo 375 dólares al año, mientras que los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos perciben alrededor de 24 mil dólares anuales.
La aportación del sector primario al PIB anual en los últimos 17 años viene cayendo claramente, dijo.
La participación del promedio anual en el PIB del sector servicios es de 71 por ciento; el sector manufacturero 28 por ciento, mientras que el sector agrícola representa 0.7 en promedio, que es muy inferior comparada con otros países.
Y es que en este sector la situación se divide en dos, por un lado una parte muy productiva, exportadora, y por otro lado, la parte primitiva, por la falta de inversión.
La inversión en el sector agrícola representa la mínima de todos los sectores de la economía en ese periodo.
Foncerrada Pascal considero como dramática la falta de inversión en el campo.
La certeza jurídica en el campo se requiere porque 52 por ciento de la superficie del país son terrenos ejidales o comunales.
Se requiere incrementar la producción agropecuaria, la pesca y mayor inversión en el campo.
En un mensaje dirigido al próximo presidente del país en términos económicos y no políticos, urgió a un cambio del sistema judicial federal y estatal ante su responsabilidad económica y se debe entender que la certeza jurídica en el campo es un tema económico y no político, y que el bienestar depende en gran parte de la certeza jurídica y los derechos de propiedad.
Se necesita abatir la corrupción y la impunidad porque con el actual sistema jurídico es muy fácil desaparecer un expediente, dijo, y se manifestó a favor de los juicios en línea para hacer más transparente y expedita la ley y la propiedad.
Los juicios orales tienen que tomar mayor auge porque los tiempos rebasan al actual sistema judicial.
Es dramático el problema de corrupción y en algunos casos los juicios alcanzan hasta 20 años.
Somos la onceava economía mundial, con un potencial de mercado de 112 millones de habitantes y el ingreso per cápita en el campo alcanza sólo 375 dólares al año, mientras que los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos perciben alrededor de 24 mil dólares anuales.
La aportación del sector primario al PIB anual en los últimos 17 años viene cayendo claramente, dijo.
La participación del promedio anual en el PIB del sector servicios es de 71 por ciento; el sector manufacturero 28 por ciento, mientras que el sector agrícola representa 0.7 en promedio, que es muy inferior comparada con otros países.
Y es que en este sector la situación se divide en dos, por un lado una parte muy productiva, exportadora, y por otro lado, la parte primitiva, por la falta de inversión.
La inversión en el sector agrícola representa la mínima de todos los sectores de la economía en ese periodo.
Foncerrada Pascal considero como dramática la falta de inversión en el campo.
La certeza jurídica en el campo se requiere porque 52 por ciento de la superficie del país son terrenos ejidales o comunales.
Se requiere incrementar la producción agropecuaria, la pesca y mayor inversión en el campo.
En un mensaje dirigido al próximo presidente del país en términos económicos y no políticos, urgió a un cambio del sistema judicial federal y estatal ante su responsabilidad económica y se debe entender que la certeza jurídica en el campo es un tema económico y no político, y que el bienestar depende en gran parte de la certeza jurídica y los derechos de propiedad.
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