EL PUEBLO
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tardó hasta 923 días en informar a diversas instituciones financieras consideradas de riesgo, para evitar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, con lo cual incumplió su tarea de monitorear y supervisar que ocurrieran dichas irregularidades.
"Al cierre del ejercicio fiscal de 2010, se comprobó que Hacienda, por conducto de las unidades administrativas coordinadoras de los distintos sectores del sistema financiero, no ha emitido las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas y no reguladas, y Uniones de Crédito ni las reformas para Sociedades de Inversión; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Almacenes Generales de Depósito", detalló la ASF en su reporte anual.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2010, el órgano fiscalizador encontró que el flujo de los comunicados emitidos entre las diversas instancias de la SHCP (vía Unidad de Inteligencia Financiera), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que intervinieron en la expedición de disposiciones relativas a la prevención del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, pasaron muchos días.
Se detectó que entre la emisión de los proyectos originales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) transcurrió un número importante de días.
En el caso de las sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) pasaron 923 días; para las casas de bolsa, 847 días; en las casas de cambio, 108 días; en las sociedades financieras de objeto múltiple, 373 días, y para las organizaciones auxiliares de crédito, 1,002 días.
"Se observa que el proceso para la emisión y la publicación de las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no ha sido oportuno para agilizar el avance en la atención de la recomendación 23 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a la dilación con que se difunde de manera oficial a los sujetos obligados", informó la Auditoría.
Dada las limitantes de recursos de las autoridades financieras, el proceso para la publicación de reformas y nuevas disposiciones se ha realizado de manera paulatina, por lo que se optó por la estrategia de dar prioridad a la publicación de las disposiciones de carácter general de aquellas entidades financieras que representaran mayor importancia para el sistema financiero, así como aquellos sectores que, conforme a la evaluación del GAFI, representaban mayor vulnerabilidad para la comisión de los delitos de lavado de dinero.
En la revisión de la Cuenta Pública 2010, Hacienda debió instaurar diversas medidas para monitorear e identificar operaciones procedentes de actividades ilícitas.
La recomendación 23 del GAFI era relativa a la regulación, supervisión y monitoreo, para asegurarse de que las instituciones financieras se sujeten a una regulación y supervisión adecuadas, cuya competencia corresponde a Hacienda, con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este monitoreo, tuvo deficiencias.
"Al cierre del ejercicio fiscal de 2010, se comprobó que Hacienda, por conducto de las unidades administrativas coordinadoras de los distintos sectores del sistema financiero, no ha emitido las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas y no reguladas, y Uniones de Crédito ni las reformas para Sociedades de Inversión; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Almacenes Generales de Depósito", detalló la ASF en su reporte anual.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2010, el órgano fiscalizador encontró que el flujo de los comunicados emitidos entre las diversas instancias de la SHCP (vía Unidad de Inteligencia Financiera), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que intervinieron en la expedición de disposiciones relativas a la prevención del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, pasaron muchos días.
Se detectó que entre la emisión de los proyectos originales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) transcurrió un número importante de días.
En el caso de las sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES) pasaron 923 días; para las casas de bolsa, 847 días; en las casas de cambio, 108 días; en las sociedades financieras de objeto múltiple, 373 días, y para las organizaciones auxiliares de crédito, 1,002 días.
"Se observa que el proceso para la emisión y la publicación de las disposiciones de carácter general en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no ha sido oportuno para agilizar el avance en la atención de la recomendación 23 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a la dilación con que se difunde de manera oficial a los sujetos obligados", informó la Auditoría.
Dada las limitantes de recursos de las autoridades financieras, el proceso para la publicación de reformas y nuevas disposiciones se ha realizado de manera paulatina, por lo que se optó por la estrategia de dar prioridad a la publicación de las disposiciones de carácter general de aquellas entidades financieras que representaran mayor importancia para el sistema financiero, así como aquellos sectores que, conforme a la evaluación del GAFI, representaban mayor vulnerabilidad para la comisión de los delitos de lavado de dinero.
En la revisión de la Cuenta Pública 2010, Hacienda debió instaurar diversas medidas para monitorear e identificar operaciones procedentes de actividades ilícitas.
La recomendación 23 del GAFI era relativa a la regulación, supervisión y monitoreo, para asegurarse de que las instituciones financieras se sujeten a una regulación y supervisión adecuadas, cuya competencia corresponde a Hacienda, con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este monitoreo, tuvo deficiencias.
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