DIARIO.COM.MX
La empresa John Deere pidió a la juez federal norteamericana, Rosana Malouf Peterson, desestimar la demanda del empresario chihuahuense José Cervantes, quien acusa a esta corporación de haber emitido de forma fraudulenta una deuda no garantizada por 2 mil millones de pesos a través del Programa de Liquidez Emergente que fue creado por el Gobierno federal durante la crisis del pasado 2009, asegurando que el mexicano no cuenta con pruebas suficientes para sostener las acusaciones.
Según la demanda del propio Cervantes, la empresa dijo mentiras al Programa de Garantía de Liquidez Temporal (TLGP) del Gobierno Federal para evitar reestructurar las deudas de sus clientes, lo que supuestamente habría llevado a las empresas Huertas y Viñedos Cervantes, a tener pérdidas por 10 millones de dólares, dinero que exigen sea restituido por la multinacional.
Deere & Company sostiene que la demanda debe ser desechada por la juez federal debido a que viola la Ley de Falsas Acusaciones, afirmando que el demandante asegura tener en su poder documentos que no han sido divulgados públicamente y que no ha sido capaz de presentar ante la Corte.
Según lo argumentado por los abogados de Deere ante la Corte federal, José Cervantes no fue nunca un empleado o una persona que estuviera en la posición de tener acceso a documentos privados que demostraran la participación de John Deere en el TLGP.
Además aseguró que sus acusaciones no son sustanciales y se basan en documentos que fueron descargados de Internet, mismos que según los demandados no prueban ningún fraude.
El caso aún se encuentra abierto en la Corte Federal del Distrito Este de Washington, asignado a la juez Malouf Peterson, Cervantes es representado por R. Bruce Johnston y Joseph Finley, mientras que Deere & Company es representado por Roger Bailey de la firma Bailey & Busey LLC y por John Millian y Justin Torres de la firma Gibson Denn & Crutcher LLP.
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