EL HERALDO
El relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, recomienda al Gobierno de México que establezca un salario mínimo que garantice que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y las de sus familiares.
Esta es una de las sugerencias que recoge el informe del relator sobre este país latinoamericano presentado ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
De Schutter visitó México entre el 13 y el 20 del pasado mes de junio y tras su misión concluyó que el país "debería fortalecer su marco legislativo e institucional mediante la aprobación de una ley sobre el derecho a la alimentación".
Para consolidar esta estrategia, el relator propuso el establecimiento de un salario mínimo para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas, en particular la de los migrantes.Asimismo, instó al Gobierno a desarrollar políticas agrarias que luchen efectivamente contra la pobreza rural y a reorientar "una porción significativa" del gasto público en agricultura hacia los pobres mediante programas específicos.
De Schutter también defendió la necesidad de reducir "significativamente" los subsidios de la tarifa 9 -un proceso que promovió la sobreexplotación de los acuíferos más importantes del país- para reasignar "una proporción importante del gasto actual" a las técnicas de riego por goteo y los cultivos que requieren menos agua. "Estas técnicas tienen la ventaja adicional de ser favorables a los pobres, ya que algunos pequeños agricultores que sufren de inseguridad alimentaria viven en entornos áridos y dependen de esos programas para volver a tener unos medios de vida dignos", agregó el relator.
Esta es una de las sugerencias que recoge el informe del relator sobre este país latinoamericano presentado ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
De Schutter visitó México entre el 13 y el 20 del pasado mes de junio y tras su misión concluyó que el país "debería fortalecer su marco legislativo e institucional mediante la aprobación de una ley sobre el derecho a la alimentación".
Para consolidar esta estrategia, el relator propuso el establecimiento de un salario mínimo para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas, en particular la de los migrantes.Asimismo, instó al Gobierno a desarrollar políticas agrarias que luchen efectivamente contra la pobreza rural y a reorientar "una porción significativa" del gasto público en agricultura hacia los pobres mediante programas específicos.
De Schutter también defendió la necesidad de reducir "significativamente" los subsidios de la tarifa 9 -un proceso que promovió la sobreexplotación de los acuíferos más importantes del país- para reasignar "una proporción importante del gasto actual" a las técnicas de riego por goteo y los cultivos que requieren menos agua. "Estas técnicas tienen la ventaja adicional de ser favorables a los pobres, ya que algunos pequeños agricultores que sufren de inseguridad alimentaria viven en entornos áridos y dependen de esos programas para volver a tener unos medios de vida dignos", agregó el relator.
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