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El diputado Alejandro Cano presentó a nombre de la Comisión de Economía, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa que fue aprobada, en la cual se faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a publicar en los medios de comunicación a todas aquellas empresas o prestadores de servicios que reincidan en una mala atención a sus clientes.
La iniciativa que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se aprobó con 383 votos a favor 2 en contra y una abstención.
La reforma establece que en el caso de que un proveedor de bienes o servicios reincida en acciones que infrinjan la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco deberá publicar la resolución administrativa correspondiente en su portal electrónico en internet y reproducirla en los medios de comunicación masiva.
La publicación de la misma deberá incluir un extracto de la resolución y deberá incluir también los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado así como la sanción impuesta.
Expresamente el Artículo 129. Precisa ahora que: “la Procuraduría deberá publicar la resolución administrativa correspondiente, una vez que haya causado estado, en su portal electrónico de internet, y podrá reproducirla en los medios de comunicación masiva. La publicación deberá consistir en un extracto de la resolución y deberá contener los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta”.
Dicha iniciativa favorece el derecho fundamental de acceso a la información y fortalece el derecho de los consumidores; al mismo tiempo fortalece institucionalmente a la Profeco al ampliar sus herramientas para promover y proteger los derechos de los consumidores al advertirles e informarles sobre los proveedores que de manera reiterada violentan sus derechos.
La iniciativa busca también transparentar la actividad administrativa que realiza el organismo encargado de la protección al consumidor, permite brindar credibilidad a las acciones que lleva a cabo y resulta en una mayor seguridad y certeza jurídica en las relaciones de consumo. Un mercado más informado y más transparente permite reducir abusos por parte de las empresas y la mejora constante de las prácticas comerciales y permite brindar mayor poder a los consumidores.
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