Esta situación abre espacios para corrientes de pensamiento innovador que ponen en tela de juicio - proponiendo matices -, los planteamientos que basados en la hipótesis de que los mercados se ajustan automáticamente, dieron origen al conjunto de políticas económicas con las que se condujeron las reformas, mismas que genéricamente conocemos como neoliberales.
Las llamadas Reformas Estructurales implantadas desde 1982 y reforzadas por el Consenso de Washington (CW) a partir de 1991, han consistido en privatizaciones, desregulación, libre cambio y equilibrio fiscal, lo que modificó sustancialmente las políticas macroeconómicas, pero en términos de sus efectos, se observa, por ejemplo, que la diversificación de exportaciones y su aumento a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no han contribuido al crecimiento, como tampoco lo ha hecho la política fiscal porque ha tenido como objetivo primordial el equilibrio de las finanzas públicas, con el propósito de mantener controlada la inflación y destinar recursos al pago de la deuda pública, interna y externa.
El resultado es que se ha registrado una tasa de crecimiento promedio muy baja a lo largo de dos décadas, pero especialmente en los primeros años de este siglo (recordemos las cifras de menos del 1% entre el año 2001 y 2003, según el Banco de México).
El balance es que hay estabilidad pero no crecimiento, hay pobreza y desempleo, así como la desaparición de encadenamientos productivos, lo que refleja un retroceso en las capacidades de crecimiento y desarrollo, por ello puede decirse que ha sido muy elevado el costo de la estabilidad y pocos los beneficiarios de las reformas estructurales, de modo que parece haber motivos y condiciones para replantear los objetivos y las estrategias en la conducción de la economía mexicana.
La respuesta a la pregunta sobre la validez de los argumentos que justificaron la privatización, la desregulación y la entrada de inversión extranjera en el sistema bancario mexicano, la apertura comercial y la reducción del gasto público que implica el equilibrio fiscal, va más allá de la disciplina y voluntad de los gobiernos para poner en marcha las reformas, es decir, no es un problema de cómo se aplican las reformas, sino de su naturaleza.
Parte del pensamiento innovador, habla de las limitaciones de los cambios estructurales, en términos del crecimiento y el bienestar de la población en los países en vías de desarrollo, por ejemplo, varios investigadores recientemente en nuestro país, han aportado elementos a partir de los cuales se establece que las modificaciones al sistema financiero de poco han servido en términos de su función principal en una economía, es decir, el sistema bancario no está cumpliendo con su función de financiamiento a la producción, de modo que son las empresas las que se financian entre sí, y que los mecanismos alternativos para otorgar crédito, lo hacen hacia el consumo, particularmente de los grupos de bajos ingresos, lo cual no favorece el aumento en el nivel de actividad. Algunos de esos análisis fueron publicados en el libro "Política fiscal y Financiera en el contexto de la Reforma del Estado y de la desregulación económica de América Latina", (UNAM, 2005) y en la Revista Economía Informa, (UNAM, enero 2006).
Es de llamar la atención que el propio John Williamson, autor del término Consenso de Washington (CW), reconoce fallas en su texto Revisión del Consenso de Washington, publicado en 1998 ; escribe: La disciplina fiscal era necesaria como medida para lograr altas tasas de ahorro, pero "posiciones presupuestarias fuertes en ningún caso se traducen en un ahorro elevado. Además, en 1989 era un objetivo de primera necesidad para controlar la inflación, y el proceso para lograrla fue desalentador".
Con respecto a la orientación del gasto público, dice que éste "... se debe orientar desde áreas políticamente sensibles -como la administración, defensa, subsidios y elefantes blancos que normalmente reciben más fondos de los que su rendimiento económico justifica- hacia otras áreas tales como la atención primaria de salud, la enseñanza elemental o la infraestructura". Sobre la reforma tributaria dice: "El CW insistía en recortar las tasas impositivas marginales para aumentar los incentivos a la vez que proponía compensar la pérdida de ingresos por medio de la ampliación de la base impositiva y la mejora de la administración tributaria, todo lo cual evitaría el desgaste asociado a la progresión impositiva"; esto no se logró en México. Respecto a la liberalización bancaria, dice que "no estuvo acompañada de supervisión adecuada por ello se produjeron las crisis bancarias en Argentina, México y Venezuela". Cabe preguntar si por supervisión entiende algún mecanismo de regulación.
En el punto tipos de cambio competitivos, Williamson agrega en el mismo texto: "Como confesé anteriormente, este es uno de los temas que traté de forma engañosa... me dejé llevar por espejismos". Aclara que "La recomendación era tipos de cambio lo bastante competitivos como para estimular el aumento de las exportaciones no tradicionales", pero lo que ocurrió es el reforzamiento de ese tipo de exportaciones. Respecto a la liberalización del comercio exterior, dice que el CW recomendaba la eliminación rápida de las restricciones cuantitativas a las importaciones, seguida de una reducción progresiva de los aranceles, hasta 10 a 20%. "En aquel entonces advertí que existían discrepancias en torno al ritmo al que debían reducirse los aranceles, y a la conveniencia de retrasar la aplicación de estas medidas si el entorno fuera adverso". En México, las restricciones al crecimiento y la fuga de capitales hacía inconveniente la apertura tan apresurada del periodo 1983-88, de modo que destruyó encadenamientos productivos.
En cuanto a la economía competitiva dice: "El CW pasó a destacar la importancia de la privatización y la desreglamentación. Por desgracia, tales reformas no siempre han conseguido estimular la competencia. Tampoco podemos estar seguros del bienestar que generará la sustitución de un monopolio estatal por otro privado: puede incentivar la eficiencia pero asimismo estimular el abuso del poder del monopolio" .
Por su parte, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, asesor de William Clinton y ex vicepresidente del Banco Mundial, en su texto "Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post Washington", de 1998 se refiere a las propuestas del CW, como medidas que "las políticas derivadas del CW, son incompletas y a veces equivocadas". Este autor continúa diciendo que "el énfasis en la inflación... ha llevado a defender políticas macroeconómicas que quizás no son las mejores para lograr un crecimiento de largo plazo y ha distraído la atención de otras fuentes de microinestabilidad, principalmente de la debilidad del sistema financiero. También olvidó o subestimó otros ingredientes esenciales. Uno de ellos, la educación y las mejoras en la tecnología". También afirma que el CW concibió la estabilidad macroeconómica de modo que se despreocupó del crecimiento estable y continuo, dicha estabilidad requiere de adecuados mercados financieros mediante el rediseño del sistema de regulación. Por otro lado, en las recomendaciones, los medios se convirtieron en los fines, como la privatización y la desregulación del sistema bancario o la liberalización del comercio exterior.
Lo anterior significa que hay posibilidades y necesidad de cambiar el rumbo de las políticas económicas, pues en la selección de cada una, hay dos o más alternativas y objetivos, también hay dilemas en cuanto a los efectos que cada medida provoca; de igual manera, hay combinaciones y posibilidades de graduar su aplicación, de modo que hay una gama de posibilidades a elegir, en función de necesidades, situaciones específicas de una economía e intereses. El problema ahora es que también hay límites en los márgenes de maniobra con los que cuentan los gobiernos frente a la economía mundial.
Un ejemplo de elección posible es el combate a la inflación, sobre la que Stiglitz hace un recuento de estudios sobre las evidencias de los costos de la inflación, y afirma que solo la inflación elevada es costosa; hace referencia a los estudios de Bruno y Easterly (1996), que encuentran que sólo una inflación mayor a 40% anual produce alguna caída en el crecimiento. Barro (1997) y Fisher (1993) , confirman esto y tampoco encuentran que a niveles bajos sea nociva para el crecimiento; Akerlof, Dockens y Perry (1996) sugieren que bajos niveles de inflación pueden mejorar los resultados económicos en comparación con los que daría inflación nula.
Ahora bien, respecto a los márgenes de maniobra de los gobiernos, la CEPAL dice que éstos se han reducido en los países de América Latina; esto se debe a procesos económicos de alcance internacional, como las tasas de interés, las fluctuaciones cambiarias, los precios internacionales del petróleo y el estrechamiento paradójico del mercado de capitales, de los cuales dependen muchas economías emergentes como la nuestra, asimismo, los compromisos establecidos a partir del endeudamiento ante el FMI, el Banco Mundial (BM) y Club de Paris (acreedores privados) desde 1982, y también al firmar los tratados de libre comercio con varias regiones y países.
En el caso nuestro, el problema de aquí en adelante, podría consistir en que además de la disminución de los márgenes de maniobra, el gobierno no reconozca la posibilidad de buscar algunas variaciones en las políticas, considerando la gama de posibilidades de que dispone, en función de objetivos que incluyan las necesidades de las mayorías en cuanto a bienestar, pero también promuevan un ambiente favorable a la formación de ahorro e inversión internos, así como capacidades para el desarrollo propias.
Un obstáculo es la inercia que ya adquirió el pensamiento neoliberal que se erigió como el dominante desde hace más de veinte años, tal vez porque quienes conducen la economía, no conocen otro, tienen la edad suficiente para estar en el gobierno y para no haber conocido otro modo de pensar; han escuchado y leído que las políticas del periodo anterior fueron erróneas, sin distinguir la finalidad de las políticas, la fiscal y la comercial, por ejemplo, del modo rígido en que se aplicaron durante los años del crecimiento hacia dentro.
Otro obstáculo que va de la mano con el anterior, consiste en la aplicación persistente de medidas, que responden a los intereses que hay detrás de los compromisos adquiridos, y los de los agentes económicos que han sido beneficiados con las reformas. Esos intereses, originarios de países desarrollados, condujeron y moldearon la reestructuración de la economía mundial para recuperar su rentabilidad porque tuvieron poder para presionar a los países débiles y han construido un cuerpo teórico que lo refuerza, con los argumentos a favor de las fuerzas del mercado y las soluciones que condujeron a la estabilidad, facilitan el comercio intrafirmas y los flujos financieros internacionales, es por ello que las políticas utilizadas para las reformas, tienen objetivos que si bien buscaron la estabilidad y la certidumbre, al mismo tiempo sirvieron a la adaptación de las economías nacionales a los encadenamientos productivos globales y a la internacionalización de los flujos financieros.
Todos esos cambios que constituyen la globalización, a estas alturas han provocado el estrangulamiento de algunos sectores de la economía de este país, y de muchos otros, que han quedado excluidos de los encadenamientos globales y por ello, en condiciones de atraso y pobreza, lo cual a la larga podría significar un freno a la ampliación y a la maduración de los mercados que le podrían ser necesarios a dichos intereses porque son consumidores potenciales.
Los intereses internacionalizados no coinciden necesariamente con los intereses del grueso de los empresarios de cada país, sirva como ejemplo el desmantelamiento de encadenamientos productivos, lo que habla de algún grado de daño al aparato productivo nacional porque desaparecieron empresas nacionales, y aunque los argumentos neoliberales dicen que hay algo así como tragos de medicina amarga como éste, también hay razones para pensar que hay alternativas, que de no buscarse, agudizarán la desigualdad y abonarán el terreno para más conflictos y estancamiento económico del país.
Ahora, la crisis financiera de Estados Unidos, con sus consecuencias recesivas, muestra la necesidad de la rectoría del gobierno, que en una situación de emergencia rescate al sistema financiero, en un acto que recuerda el viejo estilo keynesiano. Esa crisis y la respuesta deben abrir la reflexión sobre la conveniencia de otras políticas económicas, si es que hay sensibilidad para promover el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de la sociedad mexicana.
*La autora es catedrática de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Anáhuac México Sur. El texto fue revisado por Josefina Ochoa González de la Coordinación de Estudios Internacionales de la Universidad Anáhuac México Sur.
